La empresa podría recibir una sanción de hasta 70 mil pesos por posibles incumplimientos en materia de seguridad; el cierre sería ejecutado una vez que los investigadores liberen el inmueble
Ciudad Juárez.– La recicladora que se incendió el pasado 29 de junio enfrenta una posible clausura y una multa económica de entre 25 mil y 70 mil pesos, mientras la Dirección General de Protección Civil concluye la evaluación de las condiciones de seguridad, la documentación de operación y los recursos públicos utilizados para controlar el siniestro.
El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que el cierre del establecimiento representa la sanción administrativa más severa que podría imponerse después del incendio, aunque su ejecución permanece detenida debido a que agentes investigadores continúan realizando diligencias en el inmueble.
La dependencia municipal busca evitar que la colocación de sellos o el levantamiento de actas interfieran con la investigación y alteren la escena donde se originó el fuego.
De acuerdo con el funcionario, la clausura podría realizarse entre este fin de semana y el próximo lunes, una vez que las autoridades investigadoras permitan el ingreso del personal administrativo encargado de formalizar la medida.
Protección Civil mantiene abierta una revisión para determinar si la empresa operaba con todas las medidas preventivas requeridas y si contaba con la documentación necesaria para desarrollar legalmente sus actividades.
La sanción dependerá de las irregularidades encontradas, entre ellas la posible falta de programas internos de seguridad, dictámenes, permisos, equipo contra incendios, rutas de evacuación o documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones municipales.
Rodríguez explicó que la multa administrativa se establece principalmente por omisiones relacionadas con las medidas de seguridad y por la ausencia de documentos que amparen la operación legal del establecimiento.
La dependencia también analiza las condiciones en las que se encontraban los materiales almacenados, los mecanismos de prevención disponibles y la capacidad de respuesta que tenía la empresa antes de la llegada de los cuerpos de emergencia.
El resultado de esta inspección permitirá definir si la negociación podrá reanudar actividades después de subsanar las irregularidades o si deberá permanecer cerrada hasta cumplir con todos los requisitos.
Para calcular la sanción, Protección Civil tomará en cuenta la magnitud del operativo desplegado para sofocar el incendio ocurrido el 29 de junio.
La evaluación incluye las horas de trabajo del personal de Bomberos y Protección Civil, el uso de maquinaria, vehículos de emergencia, herramientas, agua, combustibles y demás recursos empleados durante las labores de control y extinción.
El incendio obligó a movilizar una cantidad importante de personal y equipo, debido a la naturaleza de los materiales almacenados dentro de la recicladora y al riesgo de que las llamas se propagaran hacia predios cercanos.
La presencia de desechos y productos reciclables puede aumentar la carga de fuego y complicar las labores de extinción, principalmente cuando existen plásticos, cartón, madera, llantas u otros materiales combustibles.
Por ello, la autoridad busca determinar si el establecimiento contaba con mecanismos suficientes para evitar la propagación del fuego y facilitar la intervención de los cuerpos de emergencia.
Sergio Rodríguez señaló que, en casos con características similares, las multas aplicadas por la Dirección General de Protección Civil oscilan entre los 25 mil y los 70 mil pesos.
La cantidad definitiva dependerá de la gravedad de las omisiones detectadas y del nivel de riesgo que representaba la operación de la recicladora para sus trabajadores, propiedades vecinas y habitantes del sector.
La autoridad municipal no ha determinado todavía el monto exacto, debido a que continúa integrándose el expediente administrativo y deben concluir las revisiones técnicas correspondientes.
Además de la sanción económica, la empresa podría quedar obligada a presentar un programa de corrección, instalar medidas adicionales de seguridad y demostrar que cuenta con las autorizaciones necesarias antes de volver a operar.
Protección Civil aclaró que su intervención corresponde únicamente al ámbito administrativo y preventivo, por lo que otras dependencias podrán imponer sanciones adicionales de acuerdo con sus propias facultades.
El titular de Protección Civil afirmó que la clausura es la medida de mayor alcance que se analiza actualmente contra la recicladora.
La colocación de sellos impediría que la empresa reanude sus operaciones mientras no corrija las condiciones que dieron origen a la sanción y acredite el cumplimiento de las normas de seguridad.
La medida podría ser temporal o mantenerse por un periodo mayor, dependiendo de los resultados de la inspección y de la disposición de los propietarios para atender los requerimientos de la autoridad.
Rodríguez indicó que el Municipio debe esperar a que concluyan las diligencias de los agentes investigadores para no alterar evidencias ni generar conflictos dentro del procedimiento legal.
Una vez liberado el lugar, inspectores de Protección Civil podrán documentar las condiciones del inmueble, levantar el acta correspondiente y colocar los sellos de clausura.
El funcionario explicó que el expediente no se limita a la actuación de Protección Civil, debido a que otras instituciones y dependencias pueden intervenir por posibles afectaciones ambientales, incumplimientos laborales, uso irregular del suelo o falta de licencias.
Cada autoridad deberá determinar si existen elementos para iniciar procedimientos independientes y aplicar las medidas que correspondan.
En caso de detectarse contaminación del suelo, emisiones dañinas o manejo inadecuado de residuos, las autoridades ambientales podrían abrir investigaciones y exigir acciones de remediación.
También deberá revisarse si el establecimiento contaba con licencia de funcionamiento, permiso de uso de suelo y autorizaciones específicas para almacenar y procesar los materiales que se encontraban en el lugar.
Las sanciones impuestas por otras instancias serían independientes de la multa y clausura que determine la Dirección General de Protección Civil.
La investigación busca establecer las circunstancias en las que comenzó el incendio y determinar si existieron factores que facilitaron su propagación.
Aunque Protección Civil analiza las condiciones administrativas y de seguridad, serán las autoridades investigadoras las encargadas de determinar el origen del fuego y establecer si hubo alguna conducta intencional, negligencia o accidente.
El inmueble continuará bajo resguardo mientras permanezcan activas las diligencias, por lo que el personal municipal evitará cualquier acción que pueda modificar el estado de la escena.
Rodríguez señaló que la aplicación de sanciones debe estar debidamente fundamentada para evitar que el procedimiento sea impugnado por los responsables del establecimiento.
Por ello, la dependencia documentará cada incumplimiento, integrará los reportes del operativo y solicitará la información necesaria para determinar la situación legal de la empresa.
En caso de que la recicladora sea clausurada, sus propietarios deberán corregir las anomalías detectadas antes de solicitar la reapertura.
Entre las posibles exigencias se encuentra la instalación de extintores y sistemas contra incendios adecuados, la delimitación de áreas de almacenamiento, la creación de rutas de evacuación y la reducción de acumulaciones de material combustible.
También se podría solicitar capacitación para el personal, señalización preventiva, acceso libre para las unidades de emergencia y protocolos específicos para responder ante un nuevo incidente.
La empresa tendrá que acreditar documentalmente el cumplimiento de estas medidas y permitir una nueva inspección por parte de Protección Civil.
La reapertura no será automática con el pago de la multa, ya que primero deberá comprobarse que fueron eliminados los riesgos que motivaron la clausura.
Protección Civil advirtió que las recicladoras y centros de almacenamiento requieren medidas preventivas especiales debido al volumen y tipo de materiales que manejan.
La acumulación sin orden, la falta de separación entre productos y la ausencia de espacios de seguridad pueden favorecer que un incendio se extienda rápidamente y resulte difícil de controlar.
El caso registrado el 29 de junio evidenció el riesgo que este tipo de instalaciones puede representar cuando no existen condiciones adecuadas para prevenir y contener una emergencia.
La dependencia municipal aseguró que mantendrá la supervisión del establecimiento y dará seguimiento al procedimiento hasta definir el monto de la multa y ejecutar, en su caso, la clausura.
La decisión final se tomará una vez concluidas las diligencias de investigación y la valoración técnica del inmueble.
Mientras tanto, la recicladora permanecerá bajo observación de las autoridades, ante la posibilidad de recibir una sanción económica de hasta 70 mil pesos y enfrentar el cierre de sus operaciones por incumplir las condiciones de seguridad.
